Al presentarse crisis de derechos humanos en algún país de América Latina, nos podemos preguntar ¿De qué manera los países del Norte global pueden contribuir a revertir estos contextos? En el caso de la Unión Europea, la relación con los países latinoamericanos es histórica y ante estallidos sociales como el peruano, Marta Ibero nos explica cómo la UE puede convertirse en una aliada en la defensa y promoción de los DDHH en situaciones de crisis.
Por Marta Ibero
La Unión Europea (UE) tiene mandato en promover los derechos humanos (DDHH) en su política exterior. Tal y como dispone el Tratado de la Unión Europea, el respeto de los derechos humanos es un componente fundamental en todas las relaciones que mantiene con terceros países e instituciones internacionales, y así es el caso con América Latina y con Perú. Y para cumplir con esta obligación, la UE ha desarrollado numerosas políticas y herramientas, vinculadas con «el poder blando» y otras con el «poder duro».
La experiencia demuestra que la UE puede ser un actor influyente en un contexto de violaciones de derechos humanos, si adopta un enfoque holístico –paz, desarrollo y DDHH–, utiliza estratégicamente sus políticas y teje una red de alianzas internacionales. Lamentablemente no existe un fórmula mágica y exitosa para todos los casos, sino más bien un uso inteligente y progresivo de sus herramientas, adaptándose a las diferentes situaciones en constante evolución. Y una buena dosis de liderazgo político.
El poder blando sí funciona
Un buen ejemplo de ese “poder blando” son los comunicados emitidos por la Delegación de la UE en Lima y el Servicio de Acción Exterior entre diciembre y enero “condenando los actos de violencia y el uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad” y “haciendo un llamado a la justicia, a restaurar la calma y garantizar un diálogo inclusivo”. Complementariamente, la UE y sus Estados miembros deben utilizar los canales de diálogo en Bruselas, las capitales europeas y Lima, reforzando así la presión para el cese de violencia.
En este tipo de situaciones, la relación entre la UE y la sociedad civil debe ser una prioridad estratégica. Las Embajadas de los Estados miembro y la Delegación de la UE tienen un rol clave para promover espacios seguros de diálogo con las organizaciones de sociedad civil (OSC) y las comunidades afectadas. Estos diálogos pueden tejer una alianza política y técnica que permita no solo prestar apoyo y proteger a defensores en situación de riesgo, sino también avanzar hacia la construcción inclusiva de una salida pacífica de la crisis.
Un ejemplo podemos verlo en Guatemala a través del “grupo filtro”. Este grupo está compuesto por la Delegación de la UE, las embajadas de los países de la UE y la oficina de DDHH de Naciones Unidas. Periódicamente se reúne con organizaciones de la sociedad civil para tratar temas vinculados con la democracia y los derechos humanos. A lo largo de su existencia, y con momentos mejores y peores, estos diálogos han facilitado un análisis conjunto, una coordinación de la comunidad internacional presente en el país, con resultados concretos; por ejemplo: el apoyo público a organizaciones en situaciones de riesgo, la protección a personas defensoras y la paralización de reformas legislativas abusivas.
Otro elemento que puede ayudar a promover diálogos inclusivos en Perú es la figura del alto representante de la UE en derechos humanos, actualmente ejercida por Eamon Gilmore, cuyo mandato finaliza en febrero de 2024. Su labor como “Enviado Especial de la UE para el proceso de Paz en Colombia” ha sido evaluado positivamente por las partes. En el caso de Colombia, la UE y su Estado han apoyado activamente la construcción de paz y la solución política al conflicto armado interno, como es el caso del apoyo político y financiero al Acuerdo Final de Paz entre el Estado colombiano y las Farc-EP de 2016.
A la vez que se utilizan los instrumentos de diálogo político, la UE cuenta también con un valioso instrumento: la cooperación. El Programa Multianual Indicativo de Perú, establece un monto de 57 millones de euros para el periodo 2021-2024. Además, Perú es beneficiario de programas regionales y temáticos que le permiten establecer reformas estructurales en el país. Esta herramienta es clave para las OSC. El apoyo a estas en contextos de conflicto requiere de una visión estratégica, mayores recursos financieros, flexibilidad y disminución de la burocracia. Existen algunos ejemplos concretos; por ejemplo, en Nicaragua donde la flexibilidad de algunos donantes ha permitido a organizaciones ilegalizadas y/o en el exilio continuar con su trabajo.
Del poder blando hacia el poder duro
Con respecto a la cooperación de la UE con los gobiernos, la pregunta que nos hacemos como ONG es: ¿Puede un gobierno que viola los DDHH recibir fondos de cooperación de la UE? ¿Qué piensa el contribuyente europeo? No tengo respuesta, pero sí hay algún ejemplo que pueda dar luz. En septiembre de 2022, la Comisión Europea adoptó un reglamento de condicionalidad de la ayuda por la vulneración de los principios del Estado de Derecho en Hungría. A través de este mecanismo, por primera vez en más de una década, el Gobierno húngaro se comprometió a poner en marcha reformas contra la corrupción, lo que demuestra la eficacia de esta herramienta para impulsar un cambio de rumbo. En diciembre de 2022, el Consejo de la UE consideró que las medidas eran parciales y suspendió temporalmente el pago de 6.300 millones de euros.
Otro elemento a tener en cuenta es la política comercial de la UE también como un instrumento de política exterior. El acuerdo comercial de la UE con Colombia y Perú se aplica provisionalmente con Perú desde el 1 de marzo de 2013. En el caso de Perú, la UE es el tercer socio comercial; el país concentra el 72% del comercio en España, Alemania, Italia y Países Bajos. Este acuerdo comercial ha posicionado a la UE como un inversor y como uno de los principales socios comerciales de la región.
Sin entrar a valorar si estos acuerdos tienen un impacto positivo y/o negativo en el desarrollo, es importante reconocer que en algunos casos han servido para dialogar sobre temas vinculados con derechos humanos. En el caso particular de Perú, en 2019, ante las quejas presentadas por la OSC en el Grupo Consultivo, la Comisión Europea estableció relaciones técnicas y políticas sobre la aplicación de los compromisos laborales y ambientales en el país.
El poder duro
¿Y qué sucede si las violaciones de derechos humanos se cronifican? La UE cuenta también con herramientas de poder coercitivo y en algunas ocasiones han demostrado su eficacia, pero estas son aplicadas con un doble rasero, lo que ha supuesto muchas críticas a la UE.
Un ejemplo de esto son las sanciones. En el caso de América Latina, se han emitido contra personas y entidades en Nicaragua y Venezuela debido al continuo deterioro de la democracia, el estado de derecho y los derechos humanos en ambos países. Estas sanciones pretenden producir un cambio en las políticas.
A lo largo de mi experiencia, no he logrado tener una respuesta unánime sobre la eficacia de estas. Mi opinión es que, utilizadas en casos extremos y de una forma inteligente, sancionando los responsables intelectuales de las violaciones –muchas veces vinculados con el poder económico– pueden tener un efecto disuasorio de futuras violaciones. Y sólo por eso, merece la pena explorar esta posibilidad. Además, las organizaciones pueden utilizarlo para futuros procesos de justicia para depuración de responsabilidades. A su vez, la UE puede emitir sanciones económicas o restricciones a determinados sectores de actividad económica, como la prohibición de importar o exportar determinados bienes, invertir, o prestar determinados servicios.
Eficacia de la presión internacional
Según una encuesta realizada por la Fundación Friedrich Ebert, Nueva Sociedad y Latinobarómetro en 2022, la UE es percibida en las sociedades latinoamericanas como un “líder en el ámbito normativo y de los valores”, lo cual refuerza su papel en la promoción de los DDHH. Sin embargo, Europa por sí sola difícilmente tiene capacidad de revertir agendas nacionales que violen los derechos humanos.
Las alianzas multilaterales a la hora de ejercer presión internacional pueden ser más eficaces. En derechos humanos, las alianzas más potentes vienen de una sumatoria de organismos regionales (Sistema Interamericano de Derechos Humanos), organismos internacionales (Naciones Unidas), países de la región (CELAC) y por supuesto EE.UU. y Canadá.
¿Cuál es nuestro rol como ONG Internacionales?
En un caso como es el actual en Perú, la UE debe priorizar la política de DDHH con el país, y utilizar todas las herramientas de forma estratégica, asegurando una presencia activa y pública, a través de comunicados, visitas oficiales, misiones de observación etc. La experiencia nos demuestra que para lograrlo es muy importante una sociedad civil dinámica, organizada, que exija a sus autoridades cumplir con sus obligaciones. El trabajo de la sociedad civil no solo es valioso: es único e irremplazable.
Es por eso que la incidencia ante las autoridades europeas y otras instancias internacionales es parte del mandato de muchas ONG. El cambio que queremos nos obliga a colaborar y coordinar con otros actores, aprovechando nuestras fortalezas, destrezas y recursos para crear colectivamente un mayor impacto.
Un ejemplo de esta alianza estratégica es EU-LAT network, una red de 43 ONG europeas cuyo mandato es incidir ante la UE para promover políticas europeas que contribuyan al respeto integral de los DDHH en América Latina. Es actualmente uno de los principales actores políticos de la sociedad civil trabajando sobre América Latina en Bruselas. La red y sus miembros cuentan con una sólida alianza de organizaciones sociales en América Latina, y por ende el Perú, que le permite amplificar la voz y la influencia para que las autoridades europeas asuman un liderazgo político en derechos humanos. Y es por eso, que en enero de 2023 la red EU-LAT alzó su voz ante las instancias europeas sobre los atropellos en Perú.
Y sí, lo admito, soy consciente que queda mucho trayecto, que el camino es pesado, pero ante una tendencia global de acallar las voces críticas, tenemos el derecho –y la obligación– de usar nuestra voz, alto y claro, para lograr el cambio que queremos. Y si queremos, se puede.
